Tras la reciente implicación del duque de Palma de Mallorca Iñaki Urdangarín –casado con la Infanta Cristina de Borbón y yerno del rey Juan Carlos I– en un presunto caso de desvío de capitales públicos en beneficio propio, tanto la persona del jefe del Estado como de la institución que representa han vuelto a colocarse en el centro del debate público en España.

Desde que el rey don Juan Carlos accedió a la Corona de España, han sido varias y diversas las amistades, más o menos reales, que han estado implicadas en diferentes casos de corrupción. Como ya señaló el escritor ampurdanés Josep Pla “existen amigos, conocidos y saludados” y el soberano español ha tenido que soportar todo tipo de distancias respecto a los implicados en este tipo de escándalos: algunos de los presuntos corruptos señalados por los medios de comunicación ni siquiera han conocido en su vida a don Juan Carlos, aunque otros sí eran más que íntimos en su relación de amistad con el rey de España.

El escándalo de Iñaki Urdangarín supera todo lo acontecido hasta ahora, ya que su reciente imputación por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abriendo una pieza separada donde se investiga el destino de los fondos públicos, durante los años 2005 y 2006, por parte de la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) –ambos organismos pertenecientes al Gobierno balear– al Instituto Nóos (entidad sin ánimo de lucro), presidido entonces por Iñaki Urdangarín, es más que un torpedo en la línea de flotación de la primera institución del Estado: es todo un ‘tsunami’ mediático y judicial que se puede llevar por delante la imagen y el prestigio de la monarquía en nuestro país. Según muchos observadores, un esfuerzo titánico que ha costado sangre, sudor y lágrimas durante más de 36 años.

En 1975, la muerte del general Franco es el acontecimiento político que da paso al régimen de Juan Carlos I. Será el nuevo rey, elegido por Franco y proclamado jefe del Estado con arreglo a las leyes franquistas, quien ponga en marcha el proceso político del cambio de régimen para pasar desde una dictadura militar a una monarquía parlamentaria. Esta operación, conocida bajo el nombre de ‘la Transición’, se caracterizó por la desaparición de las estructuras políticas, institucionales y legales del régimen anterior con la única excepción de la persona de Juan Carlos de Borbón y la institución que él representa: la monarquía.

El origen antidemocrático del régimen ‘juancarlista’ ha sido considerado, desde siempre, como una especie de pecado original para la monarquía parlamentaria. Para limpiar este antecedente autoritario, y dado que no se podía realizar un referéndum para legitimar democráticamente la Corona, no existía otra posibilidad que lograr la legitimación mediante el ejercicio. Ser piloto y motor del cambio de régimen y su papel en episodios tan dramáticos como la resolución del intento del golpe de Estado de febrero de 1981, son dos ejemplos históricos de cómo el rey Juan Carlos se ha ganado, día a día, la legitimidad en su función al frente de la jefatura del Estado.

Es a partir de este momento y, sobre todo, tras la llegada del PSOE al poder con Felipe González en 1982, cuando la propia evolución del régimen, la falta de garantías democráticas –división de poderes, representatividad política e independencia judicial– así como la ausencia de sistemas de control –Intervención del Estado, Banco de España, Hacienda Pública…– hacen florecer casos de corrupción económica –Roldán, Banesto, BOE, Filesa, Cruz Roja, Renfe…– que afectan a todas las instituciones del Estado y que acaban salpicando, también, a la propia monarquía.

Fueron los años de vino y rosas de la monarquía con el socialismo. Un tiempo donde muchos empresarios, banqueros y financieros pensaron que un acercamiento a la figura del jefe del Estado les facilitaría algún tipo de impunidad o salvoconducto para navegar sin problemas por el proceloso mar de los negocios. Fueron muchos los que pensaron que, a la sombra de Palacio, se podía tener acceso a los más beneficiosos negocios de Estado bajo un manto de pretendida impunidad. Los escándalos de corrupción protagonizados por Manuel Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, Javier de la Rosa, los Albertos (Alcocer y Cortina) el príncipe Zourab Tchokotua, etc, son la mejor expresión de que por parte de la propia Corona nunca se establecieron los necesarios sistemas de detención y alarma para la expulsión de los ‘cuerpos extraños’ al entorno del rey.

Ser amigo del rey no siempre es garantía de honradez ni de éxito. Ser enemigo, tampoco. Pero un Estado democrático, como el propio monarca ha recordado en su último mensaje navideño, exige un comportamiento ejemplar de todos sus representantes públicos. También de aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentran próximos y cercanos a instituciones y representantes públicos –más si se trata de la máxima institución del Estado–. En esa misma locución navideña, el pasado 24 de diciembre, también don Juan Carlos recordó que todos –salvo él, que es inviolable, tal y como establece la Constitución– somos iguales ante la ley. El funcionamiento del Estado de Derecho, el sometimiento a la legislación vigente y  el cumplimiento de las resoluciones judiciales debe ser la esencia de cualquier sistema democrático digno de tal nombre. 

En estas circunstancias, el caso de presunta corrupción de Iñaki Urdangarín ha superado todo lo imaginado hasta ahora. Sin entrar a valorar la instrumentalización que, por diversas circunstancias, se ha podido realizar de este escándalo –para tapar o hacer pasar a segundo plano casos tan graves como los que afectan al ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps o al ex ministro de Fomento, José Blanco– y la voladura controlada que se ha realizado de este escándalo desde el propio Palacio de la Zarzuela –en un intento infructuoso de practicar un control de daños–, lo cierto es que, a día de hoy, la situación que afecta a todo el entorno real roza lo caótico.

En mitad de la mayor crisis económica de los últimos años, con cerca de cinco millones de parados y un 45% de paro entre los jóvenes menores de 25 años, las informaciones sobre los presuntos ‘sablazos’ que el todavía duque de Palma realizaba a los fondos de determinadas Administraciones Públicas, ha dejado caer el velo de los ojos en la mayoría de la opinión pública española respecto al verdadero papel que juega la monarquía en nuestro sistema. El efecto mariposa provocado por el ‘escándalo Urdangarín’ es ya ‘trending topic’ en el ‘twitter’ del patio de vecindad de nuestro país. Los trapos socios de la familia real no se lavan en casa. Por el contrario, se han convertido en el tema central con gritos y descalificaciones en espacios televisivos tan poco ejemplarizantes como el ‘Sálvame’ de Jorge Javier Vázquez.

Una vez abierto el ‘melón’ respecto al verdadero papel y el sentido que juega la monarquía dentro de nuestro sistema político, este grupo editorial con presencia y actividad en varios países de Europa y América, quiere dejar constancia de la imagen positiva y del papel colaborador que nuestro monarca ha jugado durante los últimos años en el lanzamiento y la consolidación de la marca España. Un balance netamente positivo. Y una cuenta de resultados con beneficios y éxitos para todos los españoles. Por ello la importancia de insistir que solamente la corrupción, venga de donde venga, es mala para España. Y frente a la comisión de delitos, la única respuesta posible es la actuación de los Tribunales.

Por: Javier Castro
Fotos: Archivo